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La arrogancia que ha caracterizado la política exterior de los Estados Unidos alcanzó en años recientes una magnitud tal en el manejo del tema de los derechos humanos que llevó a un inusitado aislamiento de Washington en aquellos foros internacionales que antes fueron escenario de sus manipulaciones hegemónicas contra las naciones en vías de desarrollo.

Una clara rectificación a cargo del nuevo presidente Barack Obama habría sido la conducta debida para intentar la recuperación eventual de algún prestigio para la política exterior estadounidense en este campo.

Mejor aún habría sido, en aras de limpiar en algo el descrédito mundial de Estados Unidos en materia de respeto por los derechos humanos, una súplica de perdón por tanta vileza en el proceder de Washington contra los pueblos subdesarrollados en este terreno.

En lo interno, es de suponer que algo así habría servido, además, como atenuante para la vergüenza nacional dejada por los escándalos de Abu Grahib, Guantánamo y las cárceles volantes, entre otros hechos que han demostrado la falacia del liderazgo norteamericano en materia de respeto a la condición humana.

Ello sin hablar de la carga de deshonor que pesa sobre la conciencia nacional del país más rico y poderoso del planeta en la medida que escapa de la omisión mediática el exterminio de cientos de miles de personas inocentes en las guerras asimétricas que su gobierno ha librado con fines de dominación y saqueo por doquier.

Pero, en la persona de su Secretaria de Estado, Hillary Clinton, la nueva administración estadounidense emitió el 25 de febrero de 2009 un informe anual sobre los derechos humanos que parecía la repetición de los que anteriormente provocaban, más que burla, ira en la comunidad internacional.

Prometía la canciller estadounidense dar al mundo ejemplo en materia de respeto a los derechos humanos y acusaba de limitar las libertades individuales a 11 países subdesarrollados (oscuros rincones, según léxico de George W. Bush) que no encajan en su política de dominación mundial. Sin dudas cada inclusión en este listado tendría motivos y propósitos específicos de coacción.

La lista de países donde en 2008, a juicio de las autoridades de EEUU, empeoró la situación de las libertades individuales estaba encabezada, por supuesto, por Cuba y Venezuela. La completaban China, Egipto, Irán, Sri Lanka, Myanmar, Zimbabue, Armenia, Mauritania y la República Democrática del Congo.

El documento presentado por la Secretaria de Estado Clinton observa, en cambio, que la vigencia de los derechos humanos avanza por el camino correcto en Afganistán, Irak y Colombia.

El informe, de cientos de páginas, evaluaba el grado de respeto por los derechos humanos en todos los países y territorios del mundo, excepto en los propios Estados Unidos y en las acciones que el gobierno de este país y las fuerzas de la coalición que lo apoyan llevan a cabo en Irak y en Afganistán.

La autoexclusión obedecía, obviamente, al reconocimiento de que, si se juzgara a los Estados Unidos a la luz de los mismos principios con que el Departamento de Estado norteamericano califica a otros países, habría que reconocer al gobierno de Washington como el peor violador de los derechos humanos a escala del planeta y le correspondería el primer lugar de la lista.

El uso por parte de la cancillería norteamericana del tema de los derechos humanos en calidad de herramienta de su política exterior, con apoyo de los cuantiosos recursos mediáticos que Washington es capaz de movilizar en todas las latitudes dadas sus posibilidades financieras, ha terminado por revertirse, como era de esperar, en contra de sus propias relaciones internacionales.

Ni siquiera una multimillonaria campaña mediática de mentiras, mantenida durante medio siglo, ha sido capaz de hacer creer al mundo que Cuba, el país que más ha aportado a la dignidad de sus ciudadanos y, con su ejemplo y solidaridad, a la de los pueblos subdesarrollados de todo el mundo, viola los derechos humanos.

Es algo tan absurdo como las acusaciones contra el gobierno de Venezuela, en cuyo país el informe norteamericano advierte “una erosión de los derechos democráticos y los derechos humanos con consecuencias potencialmente severas”, cuando es evidente que ese pueblo ha sido convocado a las urnas 15 veces en 10 años y en todas se ha manifestado democráticamente a favor del Presidente Hugo Chávez en virtud de la obra de beneficio popular de su gobierno.

El informe de la señora Clinton es insultante para la opinión pública mundial (especialmente para la de los países que son acusados sin fundamento y la de aquellos excusados solo por estar plegados a Washington), pero también expresa un lamentable desconocimiento de la hidalguía y talento de los estadounidenses que, al votar Obama, demandaban más que cambios cosméticos.

Estados Unidos perdió una excelente oportunidad para afirmar una decisión de cambiar, según lo prometido por su nuevo líder, con solo omitir sus opiniones acerca de un asunto en el que Washington carece hoy de autoridad moral para emitir juicios.

Marzo de 2009.

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