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El entramado jurídico actual contra las relaciones con Cuba fue cuidadosamente preparado por las corrientes neoconservadoras de Estados Unidos a partir de los años de la administración de Ronald Reagan para garantizar la continuidad de los escollos contra algún intento posterior de aflojar la presión sobre la isla en tiempos menos favorables para esos extremistas de derecha.

La administración de George W. Bush fue la que más lejos llevó la retórica contra Cuba desde la Casa Blanca. Fue la que institucionalizó las medidas del bloqueo con mayor rigor y la que más obstáculos sembró para el porvenir. Pero no fue la única que actuó así.

Durante esa administración recién concluida se fortalecieron los nexos de la Casa Blanca con los elementos de extrema derecha de la comunidad cubanoamericana de Miami.

Los primeros “anticastristas” que llegaron a Miami eran torturadores y asesinos de la dictadura de Fulgencio Batista, que huyeron de la isla para evadir la justicia tras el triunfo de la insurrección popular en 1959.

Esos criminales participarían más tarde en la guerra terrorista contra Cuba, que durante años condujeron la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y otros organismos de inteligencia y subversión estadounidenses, así como en varias repudiables acciones domésticas, entre ellas, muy probablemente, el asesinato del Presidente Kennedy, el fraude electoral mediante el cual fue elegido Bush en el 2000, y los acontecimientos terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.

Ellos, junto a otros afectados por las medidas de justicia social de la revolución que se les sumaron, llegaron a consolidar lo que se conoció como el negocio del odio o “hate industry” que obtenía sus ganancias a partir de los fondos aportados por los contribuyentes estadounidenses que les eran asignados para “promover la democracia en Cuba”.

Luego, habilitados con nuevos métodos más aceptables para el establishment, se expandieron por buena parte del sistema político de los Estados Unidos. De burdos pistoleros terroristas, se transformaron en activos políticos de extrema derecha, promoviéndoseles para cargos electivos o selectivos en la administración estadual floridana o la central.

Así, se fabricaron los congresistas, ministros, diplomáticos, jueces y demás funcionarios de origen cubano con orientación afín a los objetivos de la extrema derecha neoconservadora de Estados Unidos que han contribuido a mantener el estado de tensión en las relaciones con Cuba. Con aplausos de estos flamantes políticos cubanoamericanos se crearon y pusieron en funcionamiento supuestas organizaciones no gubernamentales y otros mecanismos dedicados a la “promoción de la democracia en Cuba”.

Nueve administraciones previas a la de Barack Obama fueron activas promotoras, o cómplices, en el ensamblaje e imposición del bloqueo económico, financiero y comercial que eufemísticamente Washington define como “embargo”. Su declarado objetivo inicial, mantenido a lo largo de medio siglo, ha sido el de “derrotar a la Revolución en Cuba (…) mediante el desencanto y el desaliento basados en la insatisfacción y las dificultades económicas (…), negarle dinero y suministros para disminuir los salarios reales y monetarios (…) a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno cubano…”, según consignó el 6 de abril de 1960, un informe secreto suscrito por el funcionario del Departamento de Estado Lester D. Mallory, desclasificado en 1991.

El bloqueo no logró su propósito de derrotar a la revolución en Cuba pero, dada la desproporcionalidad de los contendientes, ha obtenido no pocos frutos parciales en términos de percances económicos que solo a costa de grandes sacrificios los cubanos han podido resistir.

Esas dificultades económicas han sido las que mayormente han servido para las campañas mediáticas contra la revolución cubana, presentadas como supuestos resultados negativos de los cambios introducidos por el proceso independentista, por la justicia social y el ejercicio pleno de la soberanía nacional iniciado en 1959.

Ha sido una sucia guerra económica contra la nación cubana que ha debido vivir sin acceso a créditos internacionales a causa del control ejercido por Washington sobre las instituciones financieras globales, y ha tenido que cargar, en la práctica, con el costo de los riesgos de represalias por parte de Estados Unidos contra los compradores o vendedores externos que han osado comerciar con la isla rebelde.

Se asegura que los sistemas de leyes, medidas y sanciones contra los intercambios con Cuba conocidos como Torricelli y Helms-Burton, dejaron al Presidente con escasas facultades para eliminar o corregir los efectos genocidas del bloqueo. De ahí que para levantarlo, algo indispensable para la normalización de la relación bilateral, podría requerirse una actuación decisiva del Congreso en tal sentido.

Y ¿qué tendría que ofrecer Cuba a cambio? Pues, corresponder a lo que sería una nueva actitud de Washington, con reciprocidad absoluta.

Sería una relación entre vecinos basada en la colaboración y los intercambios mutuamente ventajosos en todos los terrenos que a ambas partes convenga. Ninguna de las partes se inmiscuiría ni dictaría pautas a la otra en asuntos de política doméstica e internacional. Cada nación respetaría el sistema político de la otra y cuantas modificaciones decidan soberanamente sus respectivos pueblos. Las diferencias que no obstante surjan, se discutirían amigablemente, con el mayor respeto recíproco.

Marzo de 2009

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