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En un informe presentado en Ginebra por la ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Mary Robinson, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) formuló en febrero último un llamado al presidente Barack Obama a que ponga fin a las violaciones de los derechos humanos presentes en la política de Estados Unidos luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La Comisión pidió a Obama no sólo un cambio en el rumbo de esa política sino que, además, se investigue a los responsables de haberla ejecutado.

El informe, que fue elaborado por un panel de prestigiosos juristas internacionales que durante tres años recorrió todas las regiones del mundo haciendo audiencias por las que pudo constatar que el planeta había hecho un espantoso retorno al pasado en materia de respeto del derecho internacional y de los derechos humanos, alertó que “si no logramos actuar ahora, nos arriesgamos a que los daños infligidos al derecho internacional se hagan permanentes”,

Las conclusiones del panel delinean el panorama de terror difundido por la primera potencia mundial, extendido a numerosos otros Estados del mundo que se aprovecharon del clima para arreglar sus propias cuentas, según valoración del periodista Eduardo Febbro en un trabajo publicado por Página/12, de Argentina, centrado en una entrevista con Federico Andreu Guzmán, consejero general de la CIJ.

Andreu Guzmán señala que en el informe “se le pide a la nueva administración norteamericana que revise toda la política que se adoptó a partir del 11 de septiembre de 2001 mediante la ley patriótica. […] Por ejemplo: las prácticas que consisten en mantener presa a la gente de manera incomunicada, de modo permanente, indefinido, viola preceptos básicos del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Las conquistas que se han logrado desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos han sido vulneradas; […] las famosas rendiciones extraordinarias [a cuyo amparo los sospechosos de terrorismo son enviados a otros países diferentes de Estados Unidos para encarcelamiento e interrogación], son una forma de secuestro internacional. Ha llegado entonces la hora de superar esto”.

Al comparar el periodista la forma estadounidense de actuar mediante secuestros, arrestos indiscriminados, torturas, traslados clandestinos y detenciones sin cargos con lo que aconteció en la Argentina en la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, Andreu Guzmán señala:

“Si uno revisa, por ejemplo, el informe sobre la Argentina elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1987, se verá que mucho de lo que se hizo durante la lucha antiterrorista es muy parecido. La Operación Cóndor es muy similar a la política de rendiciones extraordinarias implementada por Estados Unidos. En la Operación Cóndor se secuestraba gente en un país y luego aparecía en otro país. Hay muchas similitudes con los viejos métodos autoritarios de enfrentar problemas reales o supuestos.

“Y hay que acordarse de que tan pronto se produjeron los terribles eventos del 11 de septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 1371 que creó la obligación, para todos los Estados miembros de la ONU, de combatir el terrorismo. Esa resolución dio una inmensa discrecionalidad para hacerlo, sin recordar las obligaciones en materia de derechos humanos, de derecho internacional humanitario, ni derecho de refugiados. […] En realidad, no hay una guerra contra el terrorismo. Hay actos de terror en ciertos países que se pueden controlar, cuando se dan en tiempos de paz, con operaciones de policía y, cuando se dan en tiempos de guerra, con los estándares que prescribe el derecho internacional humanitario”.

El informe del CIJ pide al presidente Obama que remedie los abusos de la lucha antiterrorista y que se haga una investigación “amplia y transparente”. Al respecto, Abreu Guzmán puntualiza:

“En el curso de esta llamada guerra contra el terrorismo se cometieron muchos abusos. […] cuando sabemos que todo esto no fue objeto de decisiones individuales sino de una política de Estado, uno podría plantearse si esto no entra en la configuración de crímenes de lesa humanidad. La tortura fue también ampliamente practicada, así como las detenciones arbitrarias por tiempo indefinido. Creemos que es hora no sólo de que se anulen todas estas medidas, sino también de que se investigue a los responsables que planearon y ejecutaron estas medidas.”

Aunque los medios de prensa corporativos a nivel mundial lo oculten, son tristemente evidentes las características similares de los abusos cometidos por las fuerzas de ocupación de EEUU contra sus prisioneros en Irak y los desmanes contra los revolucionarios y sospechosos de serlo detenidos en las cárceles de las tiranías militares de Latinoamérica con asesoramiento de expertos militares estadounidenses, hace algunos años… pero aún pendientes de justicia.

Abril de 2009

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