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El Departamento de Estado estadounidense remitió al Congreso a inicios de abril su “notificación explicativa” del uso que se hará de la asignación de veinte millones de dólares aprobados para su proyecto “Cuba” destinado a promover “iniciativas sobre derechos humanos y sociedad civil en beneficio del pueblo cubano”, tarea que ejecuta conjuntamente con la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID).

Adjetivadas como democratizadoras, humanitarias y otros eufemismos, estas acciones forman parte de un volumen mucho mayor de actividades contra Cuba, públicas y secretas, que encarnan el viejo anhelo de reabsorber a la isla a la hegemonía estadounidense.

De los 20 millones de dólares asignados, $16 millones se destinan a organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación contrarios al gobierno legal de la isla; $2,5 millones al apoyo a lo que llaman programas específicos, y $1,5 millones a iniciativas sobre derechos humanos.

El documento explica que $10,6 millones de estos fondos serán administrados por el Buró de América Latina y el Caribe de USAID. La Oficina de Transiciones Internacionales de USAID administrará 2,75 millones; el Buró para Democracia, Derechos Humanos y Laborales del Departamento de Estado administrará $5,5 millones, y el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental de la cancillería ejecutará $1,15 millones.

No se habla de materializar estos planes con conocimiento previo y aprobación del gobierno de Cuba, lo que de hecho califica a todos sus fines como una operación clandestina de injerencia en los asuntos internos de otro país, delito calificado por el derecho internacional.

Un artículo de la Associated Press, fechado en Miami y publicado el 8 de abril por el Miami Herald, revelaba que, “durante los meses finales de 2008, la administración Bush calladamente presionó hasta lograr dos importantes contratos con empresas internacionales de desarrollo en un esfuerzo por dedicar una cifra record de 45 millones de dólares a apoyar el cambio de régimen en Cuba. Fueron esos -dice el trabajo- los primeros fondos para este fin que se canalizaron a través de contratistas privados, en un esfuerzo por profesionalizar la ayuda a los medios de comunicación independientes y personas que se oponen al gobierno comunista de la isla”.

“Pero dos años más tarde, cuando la administración de Obama se preparaba para reautorizar el financiamiento de la democracia en Cuba, se ha hecho difícil verificar dónde ha ido a parar ese dinero o si los contratistas hicieron mejor trabajo que las fundaciones, universidades y organizaciones no gubernamentales que antes fueron responsables de canalizar esta ayuda”, dice el artículo.

Se conoce que, a finales de marzo, miembros del Congreso entre los cuales el senador y ex candidato presidencial demócrata a la Casa Blanca John Kerry y el representante Howard Berman, también demócrata y Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento, han planteado difíciles preguntas sobre fraudes, saldos y si realmente ha funcionado en beneficio de los objetivos de Estados Unidos contra Cuba.

“En los últimos años, la supervisión de nuestro Comité sobre estos programas ha descubierto abusos escandalosos que van, desde viajes personales para efectuar compras, hasta cientos de miles de dólares de los contribuyentes simplemente embolsados sin más”, dijo Berman, refiriéndose a anteriores investigaciones sobre la financiación de la subversión en Cuba.

Los propósitos que abordan estos planes injerencistas son los mismos de siempre, solo que inicialmente, hace medio siglo, fueron encubiertos, a cargo de organizaciones de inteligencia y subversión, y después una parte de ellos se hicieron públicos, como para legitimar el derecho de Estados Unidos al ejercicio de su imperio sin las cortapisas de la ley internacional.

Como resultado -ha dicho Philip Peters, experto en el Instituto Lexington en Arlington, Virginia- “los programas de asistencia a Cuba se han trocado en un extraño híbrido de actividad abierta y encubierta”.

El debate en torno a los controles y las vías para el manejo de fondos estadounidenses “para la democracia en Cuba”, ha generado airadas reacciones por parte de los máximos beneficiarios de estos dineros durante medio siglo, especialmente los congresistas cubanoamericanos y otros “líderes anticastristas” en Miami y Nueva Jersey. Todos objetan los controles, aunque unos defienden el uso de ONGs como intermediarios y otros abogan por que sean contratistas privados, según su conveniencia y beneficio.

La intromisión estadounidense en los asuntos internos de Cuba para evitar su independencia, no es algo novedoso. De hecho, no ha cesado desde que en la isla se afirmó la noción de nación a mediados del siglo XIX.

Aunque recibió del pueblo norteño muchas muestras de solidaridad, la lucha de los cubanos contra el colonialismo español no tuvo apoyo alguno de parte del gobierno estadounidense sino cuando le sirvió para emprender la primera guerra imperialista de su historia, que le reportó la ocupación de una parte significativa del maltrecho imperio colonial español, Cuba incluida.

Washington solo aceptó reconocer la independencia de Cuba, tras la ocupación del país por sus tropas (1898-1902), cuando se garantizó las prerrogativas para retener a la isla bajo su hegemonía como república dependiente, una relación que pudo mantener hasta que, en 1959, una insurrección popular armada llevó al poder a la revolución que rescató para los cubanos la soberanía nacional.

Abril de 2010

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