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La implementación inicial de los acuerdos regionales que han propiciado un inusitado giro en el desarrollo de los acontecimientos derivados del golpe de Estado en Honduras, confirma que América Latina vive hoy una situación que es diferente y mucho más digna que la que padecía el continente antes del triunfo de la revolución cubana hace poco más de medio siglo.

Cuando en la noche del 28 de junio de 2009 el Presidente de Honduras fue sacado de su cama por militares fuertemente armados para ser expatriado a la fuerza, se pretendía reeditar, con los anteriormente infalibles métodos de las asonadas organizadas por el Pentágono desde inicios del siglo pasado, la imposición de un gobierno servil a Washington, aplicando a la vez un correctivo a otro gobierno considerado hereje.

Ya había habido en Caracas una demostración de que los cambios acaecidos en la región no eran favorables para aventuras golpistas, pero la superpotencia consideró que, siendo Honduras el eslabón más débil de la cadena independentista, y que allí podía contar con la participación protagónica de una oligarquía muy servil y con una estructura castrense muy dependiente del Pentágono -así como con una base militar de suma importancia para la estrategia imperial en la región- valía la pena intentarlo.

En Honduras, los líderes que enarbolaban la independencia de la nación como política de unidad indispensable para el desarrollo del país no habían llegado al gobierno mediante una aguda lucha armada o tras violentos combates de calles, sino ajustándose a los mecanismos del sistema de “democracia representativa”, diseñados e impuestos para garantizar las ventajas imprescindibles para que el poder permanezca siempre en manos de las clases adineradas, aliadas naturales del dominio hegemónico de Estados Unidos.

Evidentemente, ni Washington ni la oligarquía local calcularon las reservas de patriotismo y valentía que existían en Honduras.

Tras el Golpe, la repulsa popular al gobierno de facto y a las maniobras para legitimarlo fue cruelmente reprimida. Aumentaron las persecuciones políticas y los asesinatos selectivos de líderes obreros y miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular, cuya influencia y extensión crecía sin cesar. Las denuncias por violaciones de los derechos humanos eran constantes.

En el plano regional, así como en el internacional, la diplomacia de Estados Unidos no lograba componérselas ante la presión que la solidaridad de la nueva Latinoamérica ejercía contra la legitimación de la acción golpista que pretendía retrotraer al continente a los tiempos en que Washington disponía a su antojo y conveniencia de los asuntos internos de todos los países de América.

La Organización de Estados Americanos, otrora caracterizada como “ministerio de colonias” de Estados Unidos, se vio impedida de prestar tal servicio de legitimación porque los cambios en la correlación de fuerzas en el seno de la organización y la intensidad creciente de la solidaridad latinoamericana con el pueblo hondureño no se lo permitieron.

El 22 de mayo de 2011en Cartagena de Indias, Colombia, se firmó el Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras por Porfirio Lobo y Manuel Zelaya, con los presidentes Santos, de Colombia, y Chávez, de Venezuela, como testigos facilitadores.

La agenda planteada por el FNRP para la mediación que llevó a este Acuerdo incluía cuatro aspectos básicos: El retorno de Zelaya y los compañeros exiliados; respeto a los derechos humanos en Honduras; reconocimiento del FNRP como una fuerza política y beligerante, y convocatoria a una asamblea nacional constituyente.

Al regresar a su país el 28 de mayo, el ex presidente Zelaya adelantó que su proyecto político consiste en liderar un frente amplio integrado por el FNRP y sus aliados, un movimiento de partidos políticos y grupos sociales similar al de Uruguay en el que, sin bajar cada uno sus banderas y sin perder sus respectivas identidades se pueda llegar al poder popular en las próximas elecciones. Ese será el futuro de Honduras, dijo al anunciar que, de inicio, luchará por lograr que se realice el plebiscito para convocar a una Asamblea Constituyente que allane el camino.

Luego vino el debate para la reinserción de Honduras en la OEA, donde brilló por su firmeza la posición de Ecuador, cuyo Presidente, Rafael Correa, se mantuvo fiel al principio de que los acuerdos no debieron haber pasado por alto las sanciones a los golpistas y al régimen por ellos instaurado, por los crímenes y violaciones de los derechos humanos al reprimir las protestas populares, para que no se repitan estas bochornosos asonadas en América Latina.

Quedan muchos derechos y avances por reconquistar a los hondureños para poder continuar su lucha por un futuro mejor, pero lo que sin dudas demuestra este giro que ha tomado el Golpe de Estado en Honduras es que la impunidad que por tanto tiempo ha caracterizado las acciones combinadas del hegemonismo y las oligarquías de América Latina no habrá de seguir prevaleciendo.

Junio de 2011.

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