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No son muchos los extranjeros que comprenden por qué el más reciente sufragio general en Cuba fue considerado un gran éxito cuando resultó en la aprobación de todos los candidatos.

Cuando triunfó la revolución cubana en enero de 1959, había en las masas identificadas con la revolución victoriosa una clara conciencia, prácticamente unánime, acerca de las cosas que habría que demoler. Entre ellas estaba el sistema electoral.

El de Cuba era un sistema electoral que se anunciaba como copia al carbón del estadounidense, aunque en verdad era una parodia de éste. Se había implantado tras el cese de la ocupación militar que sufrió la Isla de 1898 a 1902 y se mantuvo vigente durante toda la etapa neocolonial, hasta el último día de 1958.

Las elecciones en Cuba, como las estadounidenses, estaban estructuradas de manera tal que favoreciera a aquellos candidatos que dispusieran de más recursos económicos para su campaña, lo que garantizaba que fueran sus compromisos con los sectores más acaudalados los que determinaran que se gobernara en beneficio de los ricos.

En períodos de normalidad, la ciudadanía disfrutaba cada cuatro años del derecho a escoger a la máxima autoridad de la nación entre candidatos propuestos por partidos políticos que eran controlados por sectores de la oligarquía doméstica estrechamente ligados a Estados Unidos, lo que aseguraba el ejercicio real del poder por una cúpula que no se sometía a elección alguna.

Cuando las condiciones lo permitían, podían participar en los comicios fuerzas discrepantes que no significaran un peligro real para el control de la situación y, si se apreciaba una amenaza grave, se recurría al golpe de estado por parte de una oficialidad de las fuerzas armadas cuya fidelidad a los intereses de Washington estaba garantizada. Los golpistas habrían de ejercer el poder hasta que se pudiera regresar a la “democracia representativa”.

Las campañas electorales de los partidos políticos integrados en el sistema costaban muchos millones de dólares, casi todos aportados por los oligarcas y por grupos económicos que se disputaban mejores posiciones para incrementar sus ganancias, apoyando a uno, algunos o todos los aspirantes para garantizarse compromisos con los triunfadores y una mayor influencia en las decisiones del gobierno, dentro de la continuidad del régimen.

Se llenaban de pasquines las fachadas, postes, puentes, tendidos eléctricos y telefónicos de todo el país, al igual que de anuncios electorales las vallas, la prensa, la radio y la televisión.

Estos enormes gastos, tan desproporcionados respecto a la miseria que sufría la mayoría de la población, eran posteriormente retribuidos por los políticos a sus magnánimos contribuyentes mediante favores salidos de la corrupción más impúdica.

Con la nueva institucionalidad que tomó forma en 1976, se puso en práctica el actual sistema electoral que promueve una activa participación popular que se manifiesta en la facultad ciudadana de escoger, postular, elegir, controlar y revocar a sus represen­tantes.

En el sistema político cubano no participan partidos electorales. Las Asambleas Municipales, integradas por delegados postulados y electos directamente en la base, acuerdan las candidaturas de delegados a las Asambleas Provinciales y de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular que serán votadas por la población, también de manera directa, secreta y voluntaria.

Otra singularidad del sistema político cubano es que ningún representante, diputado o delegado de cualquier nivel, recibe remuneración alguna —salario, dieta o cualquier otra pres­tación o beneficio— por el desempeño de la labor para la que fue elegido.

En Cuba, no se admiten campañas electorales. La comisión electoral de cada circunscripción lleva a cabo la divulgación sobre los candidatos en pie de igualdad. Para cada cargo ha de haber un mínimo de dos candidatos.

El voto es enteramente voluntario, pero se estimula y promueve la mayor concurrencia posible a las urnas, algo que ha hecho una tradición la entusiasta participación masiva de la ciudadanía en cada acto electoral.

Cada elector que concurrió a las urnas el 3 de febrero de 2013, lo hizo para dar su aprobación o no al proceso profundamente democrático que culminó con la nominación de los candidatos a diputados y a delegados a las Asambleas provinciales, completando así un proceso que comenzó poco tiempo antes en su barrio, del cual se había mantenido al tanto a través de su delegado.

Fue ciertamente notable que más del 90% del electorado cubano ejerciera el voto y que, respecto a la elección de diputados, apenas un 4,62% de las boletas fueran depositadas en blanco y un 1,21% fueran anuladas.

Ha sido una enérgica demostración de aprobación del sistema político cubano.

Febrero de 2013.

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