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Las elecciones que se celebraron el domingo 24 de noviembre en Honduras, con sus antecedentes y consecuencias, integran una magistral lección sobre la naturaleza de la democracia capitalista en los países del Tercer Mundo y, en particular, de América Latina.


Diciembre 7 de 2013.
Fueron un fallido intento –seguramente ordenado por los poderes fácticos de Estados Unidos- de reparar la chapucería que constituyó el golpe de estado que el 28 de junio de 2009 sacó del poder al presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya.
Aquel hecho, si bien devolvió a la oligarquía al poder pleno, fue desde el primer momento una acción unánimemente repudiada por todo el mundo, razón por el cual no fue capaz de aportar legitimidad al gobierno oligárquico-militar surgido con el golpe.
Aquella asonada quebrantó en la nación centroamericana el orden institucional que sustenta una de las más asimétricas e injustas relaciones clasistas de poder en el continente, con una oligarquía asentada en un bipartidismo (Nacional-Liberal) excluyente de toda participación política que haga peligrar la dominación de una oligarquía ostentosa, subordinada y absolutamente dependiente del capital estadounidense.
Según lo que se observaba en la propaganda electoral que inundó a Honduras en el período que antecedió a la votación, la candidata Xiomara Castro de Zelaya y el partido Libre no parecían ser
participantes en el evento comicial. Solo eran mencionados en los mayores medios de prensa para vincularles a eventuales episodios de violencia que podrían tener lugar.
La candidata de Libre y los principales dirigentes y activistas de su partido fueran blanco de reiterados intentos de intimidación armada y agresiones físicas en las que esta violencia política era camuflada simplemente como parte de la inseguridad general en un país donde se han registrado más 25 mil muertos de manera violenta desde el golpe de Estado de 2009.
Dominaba las calles sólo la propaganda del oficialista Partido Nacional y su candidato Juan Orlando Hernández pese a lo cual las encuestas extraoficiales de intención de voto otorgaban una amplia ventaja en la preferencia de los ciudadanos a Xiomara Castro de Zelaya y a su Partido Libre, aún en esas tan desventajosas circunstancias. La aguda discordancia hizo recaer los pronósticos acerca del probable desenlace comicial en la actuación de tres factores condicionantes: el Tribunal Supremo Electoral, las fuerzas armadas nacionales y, por supuesto, la Embajada de los Estados Unidos, que debía encabezar esta lista.
Pero el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral, que es la institución a la que corresponde velar por el correcto funcionamiento del proceso electoral, estaba presidido un conocido militante del Partido Nacional aportaba más sombras que claridad a su eventual imparcialidad.
Por mandato constitucional, durante el período electoral, las Fuerzas Armadas se subordinan al Tribunal Supremo Electoral para todo lo relacionado con el proceso comicial. Pero, comoquiera que ellas han desempeñado tareas represivas tan relevantes en un país tan
militarizado como Honduras, se duda de su capacidad de actuar como eficientes guardadores de la equidad y el cumplimiento de la ley bajo el mando de una oficialidad que está acostumbrada a una gran subordinación a la asesoría estadounidense.
Y la Embajada de los Estados Unidos, que en Honduras ha seguido desempeñado el papel injerencista que ya ha ido perdiendo en un buen número de otros países latinoamericanos, abiertamente actuó como organizador general de las elecciones. Consciente de cuan perjudicial para sus intereses habría sido el resultado de unos comicios limpios, se preparó para un gigantesco fraude. Aprovechó su tradicional condición de instancia imperial encargada de dar la legitimación al ganador y en esa función convocó reuniones del TSP, manipuló a los representantes de los partidos y dio el visto bueno a las resultados fraudulentos que se fueron dando durante el escrutinio, antes de hacerlos públicos.
Es evidente que este proceso electoral hondureño fue ejemplar en cuanto a la participación de la ciudadanía que, esperanzada en que éste significaría, quizás, la última esperanza para lograr una salida pacífica a la trágica situación por la que atravesaba el país, creyó en el programa que le ofertaba el partido Libertad y Refundación (Libre).
La efervescencia revolucionaria de raíz totalmente autóctona que se puso de manifiesto en Honduras durante el gobierno de Manuel Zelaya identificó a los hondureños con la corriente independentista y de justicia social que mueve a toda America Latina. Pareció haber sido paralizada por la represión que siguió al golpe de 2009, pero inevitablemente hallará cauces democráticos ulteriores o estallará la insurgencia popular.

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