LA SUPERPOTENCIA AISLADA
El 12 de marzo de 1996, el Congreso de los Estados Unidos de América aprobó uno de los más regresivas y draconianas iniciativas de política exterior imperialista, irónicamente bautizada como Ley solidaria de libertad y democracia para Cuba (LIBERTAD), conocida como Ley Helms-Burton.
Antes del triunfo de las armas guerrilleras cubanas sobre las fuerzas armadas de la tiranía de Fulgencio Batista impuesta por Washington a Cuba, Estados Unidos ejercía un absoluto control. La economía de la Isla que, en última instancia, se subordinaba a los intereses de las empresas estadounidenses que participaban en las relaciones que en las autoridades y entidades cubanas.
Tras la victoria de la revolución en enero de 1959 la situación cambio totalmente. Los cubanos se hicieron dueños de su país y su economía pero aún Cuba no podía realizar sus relaciones normales de comercio exterior con EEUU porque la hostilidad se hizo presente en las relaciones económicas.
Sin embargo, antes de la década de 1990, el bloqueo del comercio con Cuba no se había sido establecido legalmente aunque comenzó a funcionar mediante las llamadas “órdenes ejecutivas”.
Fue el Presidente Kennedy quien inició oficialmente el bloqueo, eufemísticamente bautizado como “embargo” en 1962, sobre la base de un interés propio de responder a la nacionalización de activos estadounidenses dispuesta por Cuba a raíz de la llegada al poder de la revolución.
Felizmente para Cuba ese momento llegó justamente en los momentos en que Moscú estaba en capacidad de convertirse en su principal socio comercial en el Nuevo Mundo, con especial incentivo de su afinidad ideológica y cierta complementariedad económica que propiciaría la alianza política.
Con razón se dice que el criterio de la comunidad
internacional y la opinión pública mundial muy poco influyen en la política de los Estados Unidos de América. Esta percepción se vio plenamente confirmada por la historia durante la segunda mitad del siglo XX.
Cada año, los cubanos, buena parte de los latinoamericanos y no pocos estadounidenses humillados por la vergüenza del criminal bloqueo económico, comercial y financiero que hace casi ochenta años ejerce su país, el más rico y militarmente poderoso del mundo, contra esta isla pequeñita, pero gigantesca en términos de dignidad, con la única justificación de su temor a que el ejemplo a su exitosa resistencia a tan injusto abuso estimulara a otros pueblos y gobiernos del continente a la defensa irrenunciable de su soberanía.
Nuevamente este año, el órgano más representativo de la comunidad internacional debatió y aprobó casi por unanimidad, en sesión plenaria de su Asamblea General, la resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba”.
Pocos minutos después de concluida esta más reciente sesión de la Asamblea General de la ONU, Cuba entera festejaba como cada año “la nueva victoria contra el imperialismo” con tanto júbilo como si fuera ésta la primera vez que lo hacía como expresión de su condena por el injusto bloqueo impuesto al país caribeño.
Pero el hecho cierto es que esta era la enésima ocasión en igual número de años consecutivos que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobaba la misma resolución, que exige la suspensión del bloqueo mas largo que recuerda la historia de la humanidad y que ya ha causado a la isla más de 100 mil millones de dólares de pérdidas que habrían servido para sacar a Cuba del subdesarrollo mediante esfuerzo propio, según los proyectos originales de la revolución triunfante en enero de 1959.
Ley Helms-Burton no fue la única pieza de legislación explícitamente anticubana que circulaba en el Congreso en el momento. El 9 de febrero de 1995 el representante Charles Rangel (Demócrata por Nueva York) presentó un proyecto de ley de texto diametralmente opuesto, la ley de libre comercio con Cuba, destinada a eliminar el bloqueo y entablar un diálogo con Cuba. Al hacerlo, Rangel intentó elaborar un acuerdo en cuanto a la disposición de los bienes estadounidenses expropiados en Cuba.
El Congreso no aprobó esa ley, optando por una postura de línea dura contra Cuba y evitando políticas constructivas que la transformen.

Diciembre 27 de 2019